Imagínate que llevas como tres años esperando que la famosa Ley Uber por fin funcione de verdad. La promulgaron en 2023, te dijeron que ahora sí te ibas a regularizar, que tendrías tus papeles en orden como Dios manda. Y entonces, cuando creías que faltaba poco, te enteras de que el reglamento que tenía que hacerla aterrizar lo devolvieron enterito. Por la rechucha.
La cosa es así: para que la Ley 21.553 entre en vigencia, el Ministerio de Transportes tiene que dictar el reglamento. En abril ingresó el Decreto Supremo 94, que bajaba las exigencias técnicas a los vehículos. La Contraloría lo miró el 10 de junio y lo rechazó por una razón que cualquiera que haya hecho un trámite en la vida entiende a la perfección: llegó sin fundamentos fácticos, técnicos ni jurídicos debidamente acreditados. Traducido: mandaron el papel sin el papel que respalda el papel.
Y como si no bastara, también lo objetaron porque ni siquiera hubo consulta pública previa. O sea, el Estado, el mismo que a ti te pide tres certificados, un timbre y una hora de fila para renovar el permiso de circulación, mandó su propia propuesta sin la pega hecha. Y el rechazo no le pega solo a las apps: como la ley dejó homologadas las exigencias de taxis y plataformas, el mismo decreto tocaba a los dos de una. La Contraloría fue clarita en su reparo: las modificaciones “rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe”.
Mientras el decreto vuelve a fojas cero, el que conduce sigue exactamente donde estaba: esperando una regularización que no llega, sin saber si mañana opera legal o no, y el usuario sin tener claro qué va a pasar con el servicio que usa todos los días para llegar al trabajo cuando la micro lo deja botado. Es el clásico: juntaste todos los papeles, hiciste la fila, y en la ventanilla te dicen que falta el certificado que nadie te había nombrado. Solo que esta vez el de la fila era el propio Estado.
En el Congreso tampoco se quedaron callados. El diputado Jaime Mulet (FRVS) lo celebró a su manera: “la Contraloría ha hecho lo justo. El ministro de Transportes (Louis de Grange) se pasó varios pueblos”.
Y el diagnóstico de los expertos es el que de verdad duele. El doctor en transporte Rodrigo Fernández advirtió el escenario de no corregir el rumbo: “vamos a seguir en esta condición de que el reglamento va para la Contraloría, se devuelve; va de nuevo, etcétera… Y al final, nunca vamos a tener en aplicación la Ley Uber”. Nunca. Esa palabra. Así que el conductor cierra el celular, mira por la ventana de su propio auto, y sigue manejando en el mismo limbo de siempre. Eso sí: ahora con rechazo oficial de regalo.