Después de meses de escuchar que la seguridad en los colegios estaba a la vuelta de la esquina, el 6 de julio el Tribunal Constitucional agarró el proyecto ‘Escuelas Protegidas’ del gobierno de Kast y le declaró inconstitucionales cinco normas de una sentada. Para los 3,5 millones de estudiantes del sistema escolar y sus apoderados, la parte que se siente en la casa es esta: Carabineros no va a poder revisar la mochila de un alumno sin instrucción de un fiscal, ni siquiera cuando el cabro se niegue y los papás no estén.
Y ojo con cómo se cayeron algunas: la ministra Daniela Marzi, presidenta del TC, tuvo que sacar el voto dirimente tres veces para romper empates 5-5 a favor de la inconstitucionalidad. Un proyecto que se supone es la política de seguridad escolar de un gobierno terminó definiéndose como un partido a los penales, salvo que la cancha era una sala de tribunal y el arquero era una sola ministra.
En la misma tanda se fueron a la basura la norma que prohibía vestimentas con alusiones a violencia, drogas o conductas ilícitas; la que clasificaba interrumpir clases por protestas como infracción ‘grave’ a la convivencia escolar; y la que le cerraba la matrícula en un colegio nuevo a cualquier alumno que ya hubiera sido expulsado antes. O sea, buena parte del reglamento que el gobierno pintó como blindaje quedó sin poder aplicarse en los términos que prometió.
La que se cayó con más fuerza fue la de la gratuidad universitaria: 7 votos contra 3. El proyecto quería dejar sin gratuidad a los estudiantes con condenas penales, y el TC respondió que eso es discriminatorio, porque el castigo recae justo sobre los que no tienen plata para pagarse la universidad de otra forma. Al que igual podía costearla no le cambiaba nada; al que no, le cerraban la única puerta que le quedaba.
El fundamento grueso del tribunal fue que el proyecto ‘abandona la lógica preventiva escolar, reemplazándola por mecánicas de persecución criminal’ dentro de un espacio pensado para menores de edad. La diputada Emilia Schneider lo resumió sin rodeos como ‘un estrepitoso fracaso del Ministerio de Educación’.
Antes de guardar cualquier conclusión: no es que el programa completo se haya evaporado, cayeron cinco normas específicas, no el proyecto entero. Pero para la familia que llevaba medio año tomando apuntes de cada anuncio, la pega ahora es distinguir qué de todo lo prometido de verdad quedó vigente, y qué era letra que un tribunal borró con lápiz de desempate.